ciutat[s] possible[s] 3: nuevos modelos de vivienda

2021
Hecho
6 minuts

 Reto  

¿Qué [nuevos] modelos e instrumentos pueden utilizar ayuntamientos de ciudades intermedias para garantizar el derecho de la vivienda?

 

 Antecedentes 

La pandemia nos ha hecho cuestionar el modelo de metrópolis en el que queremos vivir, es decir: cómo debe ser la ciudad post-cóvido. Coboi lab ha lanzado un ciclo de conversaciones sobre la ciudad del futuro: ciutat[s] possibles[s]. Hasta ahora, en las sesiones previas de ciutat[s] possible[s] hemos hablado del co-diseño urbano después de la covid y el papel de los jóvenes en la construcción de la ciudad del futuro. Pero ahora dejamos el cómo para adentrarnos en el qué. Este año no sólo ha estado marcado por una emergencia sanitaria, también lo ha sido por una crisis habitacional. Pero esto viene de lejos. Por eso dedicaremos una hora a hablar de ello desde el punto de vista de las ciudades intermedias del área metropolitana.

 

 Propuesta 

Una sesión de ciutat[s] possible[s] sobre nuevos modelos de vivienda, donde miembros de la academia, la sociedad civil organizada, empresas y la administración propongan políticas públicas concretas para abordar el reto sobre la mesa.

  • Oriol Nel·lo – geógrafo e investigador de la UAB. Impulsor de la ley de barrios y presidente del Consejo Asesor de Plan de Barrios de Barcelona.
  • Jaime Palomera – antropólogo e investigador en La Hidra, empresa política para la transformación urbana y portavoz del Sindicat de Llogateres.
  • Lali Daví – arquitecta y coordinadora de La Dinamo, fundación para la vivienda cooperativa en cessión de uso y miembro de la sector de vivienda de la XES.

Intruducción:

—  Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi

— Sonia Hernández – subdirectora general adjunta de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

 

 Aprendizajes 

En la última década el alquiler se ha convertido en “la opción” mayoritaria para la población hasta los 44 años. En Cataluña, pero, solo 1,6% de la vivienda es pública. Esto, sumado a la burbuja en el mercado privado, ha provocado que hoy en día 4 de cada 10 inquilinos sufran estrés financiero. De media, los inquilinos de la Área Metropolitana de Barcelona (AMB) dedican el 40,5% del total de sus ingresos a la vivienda, casi doblando la media europea.

Ya en el 2007, la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña establecía un objetivo muy claro para las administraciones: el 15% de stock de vivienda tiene que tener la función de garantizar políticas sociales de cara al 2027. Esto no quiere decir que solo los ayuntamientos tengan que construir, sino que tienen que velar porque una enorme multiplicidades de actores se co-responsabilicen en la hora de aumentar el parque asequible.

Este 2021 la Unión Europea aprobó una resolución que volvía a dejar claro: toda la vivienda (tan público como privado) está al servicio del interés general y la administración tiene que garantizar que cumple su función social. También insistía en que la vivienda pública tiene que ser de alquiler para siempre –no de compra-venta, ni requalificable.

Les ciutats i per tant, els ajuntaments, son qui pateixen l’emergència habitacional més d’aprop, però sovint els falten competències i recursos per fer-hi front. Sense perdre de vista la realitat, què es pot fer des de les administracions locals?

1. Alianzas intermunicipales para hacer el parque público de alquiler permanente que nunca hemos tenido a través de mancomunar esfuerzos y estrategias. Algunas propuestas:

(A) Operadores público-privados metropolitanos (como el operador metropolità d’habitatge) para activar las reservas obligatorias de suelo para vivienda asequible pendientes de edificación. Y otras fórmulas: consorcios, empresas públicas o semipúblicas centradas en la promoción y gestión del parque..

(B) Una ámplia alianza de ayuntamientos, movimientos sociales, centros de investigación y el sector a favor del derecho a la vivienda que presione para incrementar la partida presupuestaria de vivienda y que llegue a los ayuntamientos. Aquí hay diferentes frentes posibles: activar los fondos de solidaridad urbana de la Generalitat, pedir una gran inversión al Banco Europeo de Inversiones por vivienda pública de alquiler permanente a través del área Metropolitana de Barcelona o, en el marco de los Fondos Next Generation, la posibilidad de acceder a 70.000M€ adicionales en forma de créditos blandos para invertir en vivienda pública.

2. Reserva del 30% en suelo urbano consolidado. Es decir, que en nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones el 30% de vivienda sea protegido. Sin esta medida la vivienda de protección oficial solo se puede situar en nuevas zonas de crecimiento, fuera de la ciudad (suelo urbanizable) o en zonas de grandes transformaciones internas (suelo urbano no consolidado). Con el 30% podemos distribuir vivienda por debajo del precio de mercado y favorecer la cohesión urbana. Ciudades como París o Viena ya aplican medidas similares.

3. Regulación de precios del alquiler: si los ayuntamientos velan por la aplicación de la ley 11/2020 se co-responsabiliza a los privados de la función social de la vivienda (tal y como establece la constitución) y se contienen precios. Esto implica vigilar que los portales inmobiliarios incluyan a los anuncios: (1) el precio del último contrato de alquiler y (2) el precio del Índice de la Generalitat. Así como sancionar a los arrendadores que alquilen por encima del que dice la norma.

4. Cooperativas de vivienda en cesión de uso: La cooperativa no solo hace la promoción sino que es la entidad que gestiona estas viviendas por siempre jamás, evitando su mercantilización. Un ayuntamiento puede: (A) dar a conocer el modelo y activar la demanda; (B) facilitar el acceso a suelo público y movilizar el privado y a través de apoyar económico a las promociones, ya sea con tanteo y retracto, bonificaciones fiscales o con garantías para acceder a la financiación de manera colectiva; (C) Promulgar normas sustantivas: previsión de reservas de suelo por cooperativas en cesión de uso, y modificación de la normativa urbanística para eximir de las reservas de aparcamiento a la vivienda de protección oficial y cooperativas.

5. ATRIs (Agrupaciones Tácticas de Repoblamiento Inclusivo): empastes que permitan regenerar la ciudad y aumentar los espacios de vivienda de protección oficial de manera más rápida , económica, sostenible y eficiente energéticamente.

6. Bolses de alquiler municipales.

7. Condicionar las ayudas a la rehabilitación al mantenimiento del uso o a la dedicación a alquiler social. Para hacer frente a la segregación residencial se tienen que ampliar las áreas y los instrumentos de rehabilitación integral, pero si las ayudas no se condicionan pueden acabar expulsando a los propios vecinos.

8. Áreas Residenciales Estratégicas (ARE): activar las programadas y, si es necesario, establecer de nuevas. En el Baix Llobregat, por ejemplo, hay áreas residenciales estratégicas para la construcción de 16.000 viviendas, 9.000 de los cuales viviendas de protección oficial. Por eso es necesaria la constitución de los consorcios urbanísticos necesarios para el desarrollo de las ARE.

9. Sectores urbanísticos discontinuos para reequilibrar la dotación de vivienda de protección oficial. En dos municipios o en dos partes de un mismo municipio se delimita un sector discontinuo en el espacio y la reserva de vivienda de protección oficial se puede distribuir de manera desigual en estas dos partes como estrategia para afrontar la segregación residencial.

10. Tanteo y retracto y expropiaciones: mecanismos infrautilizados que permiten aumentar el parque público de vivienda. En la hora, delimitar una área de tanteo y retracto permite gobernar los efectos de las transformaciones generadas por la rehabilitación para evitar que los incrementos de precios no desplacen la población del barrio.

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 Resultados 


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